Crisis institucional y desconfianza marcan el cierre del año político en el país

Al cierre de este año, el ambiente en el país se torna sombrío, reflejando un deterioro acelerado de la institucionalidad y de la política. Esta situación ha generado en la ciudadanía una profunda desconfianza hacia las instituciones que deberían velar por el bienestar colectivo. La inseguridad y el aumento de la delincuencia se han convertido en temas recurrentes, evidenciando la incapacidad del Gobierno para ofrecer soluciones efectivas. En lugar de enfrentar estos problemas, parece que el Ejecutivo ha optado por el camino de la inacción, abandonando su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. El Legislativo, por su parte, tampoco se queda atrás en esta crisis de legitimidad. La falta de control político y la proliferación de denuncias de corrupción entre los congresistas han llevado a una percepción de que el Congreso, más que un poder del Estado, se ha convertido en un refugio para intereses personales y grupos de poder. Esta situación se ve exacerbada por reformas constitucionales cuestionadas, que lejos de fortalecer la democracia, parecen tener un objetivo más oscuro y alineado con el mantenimiento del status quo. La insatisfacción con la gestión gubernamental es palpable en la ciudadanía, que a menudo observa con impotencia cómo los intereses de partidos y agrupaciones políticas parecen prevalecer sobre el bien común. La renuncia de estos actores a ejercer una oposición constructiva ha dejado un vacío que, sumado a la crisis en instituciones clave como la Fiscalía y la Policía Nacional, ha desencadenado una espiral de desconfianza y frustración. A pesar de este panorama desalentador en el ámbito político, la economía ha mostrado una cierta resiliencia. Los pilares macroeconómicos, junto con inversiones previas al actual gobierno, han logrado mantener un equilibrio que, por el momento, impide que la situación económica se desplome en paralelo a la crisis política. Sin embargo, la fragilidad de esta estabilidad económica es evidente, y muchos se preguntan cómo responderán las cifras de crecimiento ante un contexto político tan volátil. La incertidumbre se agudiza a medida que se aproxima un año electoral crucial. La pregunta sobre si Dina Boluarte finalizará su mandato se convierte en un tema central de discusión. Sin embargo, más allá de los destinos políticos individuales, lo que realmente importa es la capacidad de las fuerzas políticas para abandonar sus intereses egoístas en favor de alianzas que beneficien a la nación. La búsqueda de candidatos y la identificación de tendencias políticas se convierten en elementos clave para el futuro del país. De cara a las próximas elecciones, es esencial entender el clima de descontento que ronda a la población. La desaprobación hacia la gestión de Boluarte es casi unánime, lo que plantea un reto significativo para los futuros candidatos. La sociedad deberá elegir entre diversas alternativas, que van desde propuestas radicales hasta opciones más moderadas, pero la línea que separa a la izquierda de la derecha se ha vuelto difusa. Este fenómeno pone en duda la capacidad de los votantes para discernir entre las propuestas de cada bando. La complejidad del panorama político no solo radica en la falta de claridad ideológica, sino también en la dificultad de identificar a los responsables del deterioro actual. Los ejes de discusión en el próximo proceso electoral podrían no centrarse únicamente en ideologías, sino en una evaluación crítica de las acciones y omisiones de quienes han gobernado y legislado en los últimos años. Una polarización entre oficialismo y oposición podría emerger como el eje fundamental de la campaña. Los ciudadanos, con su creciente desconfianza hacia el Estado, tendrán que decidir quiénes serán los encargados de liderar el país a partir de 2026. La expectativa es que surjan propuestas y liderazgos que realmente estén dispuestos a enfrentar la corrupción y la ineficiencia que han caracterizado a la política reciente. La capacidad de generar confianza en la población será un elemento determinante para formar alianzas y coaliciones que busquen un cambio real. A medida que el año se cierra, las marcas del deterioro institucional son cada vez más visibles. La población anhela ver cambios significativos y efectivos en la forma en que se ejerce el poder. En este contexto, se hace necesario un llamado a la responsabilidad tanto de quienes están en el Gobierno como de aquellos que se presentan como oposición. La política tiene que volver a ser vista como un medio para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, y no como un mero juego de intereses y poder. La búsqueda de confianza en las instituciones debería ser la prioridad para todos los actores políticos, pues es esta confianza la que permitirá reconstruir un país que se siente fracturado.